
El gobernador presentó el proyecto Potasio Río Colorado y buscó fortalecer vínculos comerciales con empresas y autoridades del país vecino, destacando el potencial en cobre y potasio.
El Gobierno nacional evalúa terminar con el Fondo Fiduciario que financia el plan Procrear, lo que afectaría a diversas obras, incluyendo 504 viviendas proyectadas en Guaymallén, Mendoza. La paralización de estas obras comenzó hace 10 meses, cuando se frenaron los proyectos de obras públicas, lo que llevó también a afectar a 76 iniciativas en varias provincias.
En Guaymallén, el avance de las viviendas es del 30%, y aunque el municipio ha gestionado propuestas para reactivar las obras, la decisión final depende del Ejecutivo nacional.
El ajuste fiscal impulsado por el Gobierno ha llevado al cierre de varios fondos fiduciarios, incluyendo el que financia Procrear, lo que pone en riesgo la finalización de unas 17.000 viviendas en todo el país. En Mendoza, se baraja una alternativa de financiamiento público-privado para terminar las casas, donde el municipio se encargaría de la urbanización y la provincia de los servicios, mientras que los privados buscarían el financiamiento necesario para concluir la construcción.
El gobernador presentó el proyecto Potasio Río Colorado y buscó fortalecer vínculos comerciales con empresas y autoridades del país vecino, destacando el potencial en cobre y potasio.
Daniel Orozco y José Luis Ramón lanzaron un frente político que busca competir en todos los niveles, con foco en propuestas territoriales y alejados del oficialismo y el PJ.
Las intensas nevadas y el hielo obligaron a suspender clases y cortar más de 10 rutas, mientras se esperan más días de frío intenso y complicaciones para circular.
Una reflexión cotidiana sobre el rol de los funcionarios, las decisiones que impactan nuestras vidas y la sensación de no estar al mando.
Daniel Orozco y José Luis Ramón lanzaron un frente político que busca competir en todos los niveles, con foco en propuestas territoriales y alejados del oficialismo y el PJ.
Busca frenar la ejecución de la sentencia en Estados Unidos y extender los plazos judiciales. Considera “inviable” entregar el control accionario de la petrolera estatal.