
El Decreto 601 asegura la permanencia de empleados contratados y prestadores de servicios, sin necesidad de realizar nuevos trámites.
El Presupuesto 2025 de Mendoza enfrenta demoras debido a la postergación de su presentación por parte del gobernador Alfredo Cornejo y los trámites legislativos. Aunque debió haberse presentado en septiembre, se espera su aprobación en diciembre. Proyecta un superávit de $0,8 mil millones, con ingresos y gastos cercanos a los $4.025,5 mil millones y $4.024,7 mil millones, respectivamente. Sus principales objetivos son fomentar la inversión, mantener el equilibrio fiscal y reducir impuestos, destacando la exención de Ingresos Brutos para energías renovables y la rebaja del Impuesto a los Sellos.
El presupuesto destina el 11,5% a inversión pública, con proyectos a largo plazo como la recuperación del valor de propiedades a través de obras públicas. Además, se propone una reforma del Impuesto Automotor, ajustando la alícuota según el avalúo de los vehículos. También se implementarán descuentos del 10% en impuestos patrimoniales para contribuyentes cumplidores.
Respecto a la deuda, Mendoza mantiene un stock de USD 748 millones, la mitad que en 2015, y continúa priorizando la inversión pública. El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló que la caída en la recaudación del Impuesto Inmobiliario se debe a que los avalúos no han seguido la inflación. Finalmente, el gobierno busca apoyo legislativo para refinanciar deuda y seguir invirtiendo en infraestructura.
El Decreto 601 asegura la permanencia de empleados contratados y prestadores de servicios, sin necesidad de realizar nuevos trámites.
Colaboración entre el Gobierno provincial y las comunas para optimizar el manejo de residuos y promover la protección ambiental.
La adquisición de metformina permitirá un ahorro y mejorará el acceso a tratamientos.
El decreto 615 oficializó un 13% de incremento hasta junio de 2025.
La decisión fue tomada por mayoría de senadores y con más de seis horas de debate, siendo la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza una nominación judicial.
El Decreto 601 asegura la permanencia de empleados contratados y prestadores de servicios, sin necesidad de realizar nuevos trámites.