El gobierno argentino implementó una nueva política para reducir el gasto público, prohibiendo nuevas contrataciones en el ámbito estatal. En 2024, alrededor de 36,000 empleados públicos fueron despedidos. Se estableció un régimen que limita las designaciones y contrataciones, aunque con algunas excepciones, como en ciencia, universidades, y el servicio exterior.
Además, se creó el requisito de aprobar un examen de idoneidad para acceder a un puesto en el Estado, y se introdujo una regla de "3x1", donde por cada nuevo ingreso deben producirse tres bajas. La duración máxima de los contratos se limitó hasta el 30 de junio de 2025.
Durante el proceso de recorte de personal, muchos empleados fueron desvinculados de la administración pública, y el gobierno justificó estas medidas como una forma de reducir impuestos y permitir más capacidad de gasto privado. En diciembre, se sumaron despidos en el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Público.
La vicepresidente prorroga el congelamiento de las dietas hasta marzo, tras la presión social y política por el aumento salarial de los legisladores.
La medida, respaldada por varios bloques legislativos, responde a la crisis económica y se debatirá nuevamente en las sesiones ordinarias del Senado.
40.000 empleados temporales deberán aprobar un examen de idoneidad para continuar en sus puestos, mientras se congelan nuevas contrataciones y se aplican despidos en el sector público.
Esta medida podría generar un ahorro de entre un 35% y un 40% del costo estimado para las elecciones legislativas de 2025, lo que equivaldría a más de 150 millones de dólares.
La ministra de Seguridad acusa a la vicepresidente de "oportunismo político" y le sugiere centrarse en el Senado en lugar de opinar sobre el caso.
La vicepresidente reforzó su lealtad y compromiso con La Libertad Avanza, de esta manera aseguró que no está participando de "ningún armado político".
El presidente critica la división de poderes y avanza en un nuevo proyecto de Ficha Limpia tras el fracaso legislativo.
Con un gasto equilibrado, el presupuesto incluye inversiones récord en infraestructura y un ajuste impositivo para mejorar la equidad social.
En su asunción como presidente del Partido Justicialista, la exvicepresidente vinculó el arresto del senador con otros hechos históricos y enfatizó la necesidad de un espacio de debate para abordar los desafíos del país.
Este ajuste, es el más bajo en 12 meses y se aplicará desde el 3 de enero.
La promesa de privatización no se cumple y los empleados enfrentan incertidumbre sobre sus pagos y el futuro de la empresa.
El préstamo, que refuerza las reservas internacionales, busca mejorar la liquidez y avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario, a pesar de los pagos de deuda externa que se avecinan.
