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El gobierno argentino implementó una nueva política para reducir el gasto público, prohibiendo nuevas contrataciones en el ámbito estatal. En 2024, alrededor de 36,000 empleados públicos fueron despedidos. Se estableció un régimen que limita las designaciones y contrataciones, aunque con algunas excepciones, como en ciencia, universidades, y el servicio exterior.
Además, se creó el requisito de aprobar un examen de idoneidad para acceder a un puesto en el Estado, y se introdujo una regla de "3x1", donde por cada nuevo ingreso deben producirse tres bajas. La duración máxima de los contratos se limitó hasta el 30 de junio de 2025.
Durante el proceso de recorte de personal, muchos empleados fueron desvinculados de la administración pública, y el gobierno justificó estas medidas como una forma de reducir impuestos y permitir más capacidad de gasto privado. En diciembre, se sumaron despidos en el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Público.
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