
Tras el acuerdo paritario entre el SUTE y el Gobierno, se aplicarán subas del 4 % en julio, y del 3 % en septiembre y noviembre.
Se acerca el inicio del ciclo lectivo 2025 en Mendoza y la incertidumbre se apodera de este ciclo educativo debido a las negociaciones salariales.
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) decidirá este viernes si acepta la última oferta del Gobierno provincial, que propone un aumento del 13% para el primer semestre, con un salario docente de $610.000 en marzo. Sin embargo, desde el SUTE consideran la oferta insuficiente y están analizando su impacto en los sueldos.
Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, comentó: "Hoy las escuelas están debatiendo esta propuesta salarial que creemos debería haber sido más amplia", y agregó que los docentes están utilizando un simulador para evaluar cómo afectará el aumento según antigüedad y ubicación geográfica.
El viernes, en un plenario en Tupungato, se definirá si se acepta la propuesta o si se inician medidas de protesta. Correa afirmó que Mendoza sigue "lejos de ubicarse entre las provincias con mejores salarios docentes".
Mariana Lima, directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, defendió la propuesta, calificándola como una propuesta superadora y esperando una respuesta definitiva el viernes.
Tras el acuerdo paritario entre el SUTE y el Gobierno, se aplicarán subas del 4 % en julio, y del 3 % en septiembre y noviembre.
Las temperaturas oscilarán entre -1 °C y 16 °C, con nubosidad y vientos del sur; el sábado será el día más frío, y se esperan nevadas en la cordillera.
La medida, tomada con escasa anticipación, generó quejas entre los expendedores. Las multas por vender GNC superan los $19.000 por vehículo cargado.
El intendente Ulpiano Suárez anunció, este 28 de junio, la apertura de un refugio invernal en conjunto con el Arzobispado y la Fundación Huentala, que brindará contención integral hasta el 31 de agosto.
Trump sugiere arrestarlo y pone en duda su ciudadanía, tras el avance del joven político socialista en Nueva York.
Busca frenar la ejecución de la sentencia en Estados Unidos y extender los plazos judiciales. Considera “inviable” entregar el control accionario de la petrolera estatal.