
YPF apuesta al uranio: Un plan estratégico para la energía nuclear del futuro
Con el apoyo de Chubut y Mendoza, el país busca explotar sus recursos uraníferos para fortalecer la matriz energética nacional.
El gobernador Alfredo Cornejo anunció que Mendoza invertirá $5.000 millones en tecnología y equipamiento para mejorar la salud pública en la provincia. Esta inversión busca agilizar la atención, optimizar servicios y ampliar la capacidad del sistema sanitario.
Cornejo, a través de un posteo en su cuenta de "X" destacó que fortalecer el sistema de salud requiere reformas, infraestructura y tecnología, y enfatizó que en Mendoza se avanza en estos frentes para brindar un servicio más accesible y eficiente.
Además, mencionó que el gobierno provincial está implementando cambios en áreas como la minería, la Justicia y la salud. En este último ámbito, se presentó una nueva maternidad en el Hospital Lagomaggiore y se introdujo un nuevo régimen salarial para médicos basado en objetivos y productividad.
A pesar de los avances, persisten desafíos como las paritarias del sector, aunque la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) aceptó un aumento propuesto por el gobierno, manteniendo algunas protestas.
Con el apoyo de Chubut y Mendoza, el país busca explotar sus recursos uraníferos para fortalecer la matriz energética nacional.
La audiencia se realizará el 2 de agosto con modalidad híbrida, transporte gratuito y puntos de acceso remoto para garantizar el acceso de la comunidad.
El municipio logró superar la segunda auditoría externa del sistema de gestión ISO 9001, acercándose a una certificación clave para modernizar el Estado local.
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
La jueza de Nueva York acusó al Estado de incumplir condiciones judiciales y habilitó la ejecución del fallo por USD 16.000 millones. El Gobierno evalúa apelar hasta la Corte Suprema de EE.UU.