La medida es rechazada por legisladores que la ven como un retroceso en la lucha contra la corrupción.
NACIONALES19/04/2025
Redacción
A través del decreto 274/2025 el Gobierno decidió que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de actuar como querellante en causas judiciales relacionadas con el lavado de activos y la corrupción. Esta medida, que anula un decreto de 2008, implica la retirada de la UIF de casi 200 expedientes, muchos de ellos vinculados a delitos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.
El Ejecutivo justifica su decisión basándose en los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y señala que en muchos países la UIF no tiene facultades de querellante. No obstante, la medida ha sido fuertemente cuestionada por legisladores, quienes consideran que la UIF es crucial para impulsar investigaciones, especialmente cuando los fiscales muestran desinterés.
Legisladores de diversas bancadas, incluidos los mendocinos Julio Cobos (UCR), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Aveiro (Unión por la Patria), presentaron un proyecto de ley pidiendo explicaciones al Gobierno sobre los motivos de la decisión. Cobos criticó la medida, sugiriendo que podría beneficiar a criminales como narcotraficantes y evasores.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) también expresó su rechazo, calificando la medida de "retroceso" en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, defendió la medida, argumentando que la UIF, como organismo administrativo, no debería tener funciones de querellante, ya que eso entra en conflicto con la separación de poderes. Según Licht, este tipo de acciones podrían resultar incompatibles con los principios constitucionales.
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