El Congreso comenzará este martes a debatir el DNU que autoriza al Gobierno a firmar un acuerdo con el FMI, mientras la Libertad Avanza busca acuerdos con bloques dialoguistas para conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados antes de fin de mes. El Gobierno quiere aprobar el DNU rápidamente para blindarlo, ya que con la aprobación de una sola cámara se ratifica, según la ley 26122. Optaron por un decreto en vez de una ley debido a las dificultades en el Senado.
El oficialismo negociará con bloques como PRO, UCR, Innovación y Encuentro Federal, mientras funcionarios económicos defienden el DNU en la Comisión Bicameral. El objetivo es conseguir entre 10.000 y 20.000 millones de dólares del FMI para cancelar deudas y reforzar las reservas. Además, el oficialismo debe renovar las autoridades de la Comisión Bicameral y restablecer relaciones con bloques como Encuentro Federal y MID, tras un conflicto reciente.
La Libertad Avanza necesita una mayoría en Diputados, contando con el apoyo de 39 votos propios, 36 del PRO, 20 de la UCR y 6 de la Coalición Cívica. Elisa Carrió apoya el DNU y busca asegurar votos de bloques como Independencia, Innovación Federal y MID, además de negociar con gobernadores de Unión por la Patria.
Fernández Sagasti votó a favor, mientras que Suarez estuvo ausente y Juri se retiró en desacuerdo con el procedimiento parlamentario.
Jubilaciones, moratoria y discapacidad: el bloque opositor avanzó sin trabas ante un oficialismo fragmentado; la Casa Rosada reacciona con amenazas de veto y judicialización.
Jubilaciones, discapacidad y fondos para provincias, entre los puntos más destacados.
El evento en Tucumán será protocolar y sin diálogo político. La ausencia de mandatarios provinciales refleja tensiones por fondos y proyectos de ley impulsados desde las provincias.
Las obras comprenden el tramo entre Belgrano y 25 de Mayo e incluyen mejoras en veredas, calzada, alumbrado y equipamiento urbano.
Jubilaciones, moratoria y discapacidad: el bloque opositor avanzó sin trabas ante un oficialismo fragmentado; la Casa Rosada reacciona con amenazas de veto y judicialización.
