El Congreso comenzará este martes a debatir el DNU que autoriza al Gobierno a firmar un acuerdo con el FMI, mientras la Libertad Avanza busca acuerdos con bloques dialoguistas para conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados antes de fin de mes. El Gobierno quiere aprobar el DNU rápidamente para blindarlo, ya que con la aprobación de una sola cámara se ratifica, según la ley 26122. Optaron por un decreto en vez de una ley debido a las dificultades en el Senado.
El oficialismo negociará con bloques como PRO, UCR, Innovación y Encuentro Federal, mientras funcionarios económicos defienden el DNU en la Comisión Bicameral. El objetivo es conseguir entre 10.000 y 20.000 millones de dólares del FMI para cancelar deudas y reforzar las reservas. Además, el oficialismo debe renovar las autoridades de la Comisión Bicameral y restablecer relaciones con bloques como Encuentro Federal y MID, tras un conflicto reciente.
La Libertad Avanza necesita una mayoría en Diputados, contando con el apoyo de 39 votos propios, 36 del PRO, 20 de la UCR y 6 de la Coalición Cívica. Elisa Carrió apoya el DNU y busca asegurar votos de bloques como Independencia, Innovación Federal y MID, además de negociar con gobernadores de Unión por la Patria.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
Con los vetos en suspenso y el Congreso como campo de disputa, el Gobierno de Milei busca retomar la iniciativa sin ceder en su cruzada fiscal.
Fernández Sagasti votó a favor, mientras que Suarez estuvo ausente y Juri se retiró en desacuerdo con el procedimiento parlamentario.
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
La jueza de Nueva York acusó al Estado de incumplir condiciones judiciales y habilitó la ejecución del fallo por USD 16.000 millones. El Gobierno evalúa apelar hasta la Corte Suprema de EE.UU.
