
El gobierno autoriza un incremento del 2,5% en las tarifas de distribución de gas a partir de abril, en el marco de la emergencia energética.
En la última semana, el índice de riesgo país de Argentina cayó a 1,109 puntos básicos, el nivel más bajo en este tiempo.
Este descenso ha generado optimismo en el mercado, impulsado por el éxito del blanqueo que facilitó la entrada de divisas del sector privado. Esto ha permitido a las empresas acceder al mercado y podría facilitar la refinanciación de la deuda y la eliminación del cepo cambiario.
Los analistas anticipan que la liquidez creciente mantendrá el aumento de bonos y acciones, con la posibilidad de que el riesgo país baje de 1,000 puntos. Un informe de Bank of America resalta este optimismo, aunque advierte sobre el riesgo de una nueva reestructuración de deuda.
Desde agosto, el riesgo país ha disminuido notablemente, mejorando en comparación con otros países similares. Este cambio se debe al ingreso de dólares, que ha permitido al Banco Central comprar más de 800 millones de dólares en octubre.
La economista Marina Dal Poggetto destaca que el blanqueo está refinanciando al sector privado, lo que ha permitido al BCRA retomar compras de dólares, aunque crítica de la competitividad del dólar oficial, señala que el blanqueo y la disminución de la inflación, ahora por debajo del 4%, contribuyen a un panorama más estable.
Además, el Gobierno ha evitado rechazos a vetos sobre el gasto público, lo que refuerza la confianza de los inversores.
El gobierno autoriza un incremento del 2,5% en las tarifas de distribución de gas a partir de abril, en el marco de la emergencia energética.
Desde este martes, los panificados registran un nuevo incremento en sus valores.
El ajuste sigue la devaluación del peso y el alza del impuesto a los combustibles.
El decreto 615 oficializó un 13% de incremento hasta junio de 2025.
La decisión fue tomada por mayoría de senadores y con más de seis horas de debate, siendo la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza una nominación judicial.
El Decreto 601 asegura la permanencia de empleados contratados y prestadores de servicios, sin necesidad de realizar nuevos trámites.