
La decisión sobre el tope salarial cierra la disputa legal sobre la Ley 8727 de 2014.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el presupuesto para 2025, que se enfoca en la inversión en Educación y Seguridad. El proyecto fue sancionado por 31 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones. incluye un gasto equilibrado, sin déficit y con bajo endeudamiento, permitiendo más inversión en infraestructura.
La iniciativa de Ficha Limpia fue la primera en tratarse. No se aprobó ya que al ser una ley de mayoría agravada necesitaba al menos la adhesión de dos tercios de los presentes, y el resultado fue 39 votos a favor y 21 en contra.
Seguridad recibirá el mayor presupuesto de la historia, con un 16,5% del total, destinado a mejorar patrullaje, equipamiento, videovigilancia, y la finalización de obras penitenciarias.
Educación será el área con mayor participación, con el 20,1% del presupuesto, enfocado en mejorar infraestructuras, incorporar tecnologías y lanzar nuevos programas educativos.
En obra pública, se invertirá el 19,3% en proyectos como la renovación de la línea B de subtes, el Trambus, colectivos eléctricos, y la mejora de la autopista Dellepiane.
El 61,9% del gasto total se destinará a áreas sociales como Educación, Salud y Promoción Social, mientras que se realizarán ajustes en los impuestos para lograr mayor equidad.
Finalmente, el Gobierno porteño continuará su reclamo ante la Corte Suprema para recuperar el coeficiente de coparticipación federal reducido en 2020.
La decisión sobre el tope salarial cierra la disputa legal sobre la Ley 8727 de 2014.
El gobernador evalua si cambiar el calendario electoral o mantenerlo desdoblado.
El vocero presidencial, será el candidato de La Libertad Avanza para las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires y enfrentarse al PRO.
El decreto 615 oficializó un 13% de incremento hasta junio de 2025.
La decisión fue tomada por mayoría de senadores y con más de seis horas de debate, siendo la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza una nominación judicial.
El Decreto 601 asegura la permanencia de empleados contratados y prestadores de servicios, sin necesidad de realizar nuevos trámites.